Hace una semana mi cuenta de la red social de “el pajarito” fue suspendida durante 7 dias porque, según me fue comunicado, el siguiente mensaje violaba las normas sobre información potencialmente dañina: “Otro misterio (como el de India) Japón se despide del Covid ¿No será que han hecho caso a los doctores de la Torkyo Medical Association que recomensaron el uso de la ivermectina y el tratamiento temprano?”
En él yo no informaba de nada, simplemente dudaba. Pero, últimamente, dudar es desinformación.
Las reglas de Twitter tienen un apartado relativo a contenidos multimedia falsos y alterados (que, imagino, es la que se me aplica). En ella, se especifica que:
“El contenido multimedia que cumpla con la totalidad de los tres criterios definidos anteriormente (es decir, que sea falso o esté alterado, que se haya compartido con la intención de engañar y que pueda provocar daños) no se puede compartir en Twitter y puede ser eliminado”.
¿Lo he compartido con la intención de engañar? Desde luego que no, aunque no sé muy bien cómo Twitter puede conocer mis intenciones. ¿Digo algo falso? No creo. Todos los datos del tweet se pueden constatar en canales oficiales. Japón declara estas semanas un número de casos y muertes covid mucho menores que las de los países de la UE, y el hecho de que el Presidente de la Asociación Médica de Tokyo recomendó hace meses ese medicamento para el tratamiento de la Covid es reconocido hasta por los verificadores de hechos (aunque luego digan que oficialmente el gobierno japonés no lo recomienda, que no hay evidencia suficiente y bla, bla, bla, bla, como diría Greta Thunberg).
Cada día es más evidente que se están suprimiendo de la esfera pública todas las dudas sobre las versiones oficiales de la pandemia. Sólo vemos una versión monolítica…salvo algunos marginales contenidos de desinformación que, de vez en cuando, escapan.
Pero …¿qué es la DESINFORMACIÓN?
Veamos qué dice el BOE. La Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre de 2020, describe el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y define la desinformación como: información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público.
Este Procedimiento, enmarcado dentro de la European Democracy Action Plan, describe cómo debe ser esta lucha contra la desinformación. Especifica detalladamente los niveles para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta y evaluación; los mecanismos de evaluación de la implementación y funcionamiento; la metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos… También especifica quiénes son los organismos encargados de realizarla: el Consejo de Seguridad Nacional, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación…básicamente, órganos del poder ejecutivo.
Todo el mecanismo para atacar los objetivos está muy detalladamente descrito, pero, curiosamente, se olvidan de un detalle, al parecer sin importancia. El Procedimiento no menciona ni una palabra sobre cómo, quién ni con qué procedimientos decide qué es lo que hay que atacar. Se supone que ya se sabe, de antemano y sin lugar a duda, qué es desinformación y qué no lo es, qué es verificablemente falso y engañoso y qué es verdadero y honesto.
No se menciona una sola palabra acerca de si el poder judicial tiene algo que decir a la hora de juzgar si un contenido se ha clasificado erróneamente como desinformación pero no es falso ni engañoso. No se mencionan peritos, ni expertos, ni académicos, ni estudios científicos, ni fuentes de datos oficiales, ni procedimientos que sirvan para ayudar a juzgar la veracidad de los contenidos.
Se da por sentado que el poder ejecutivo, con ayuda del Consejo de Seguridad Nacional, las StratComs y el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea ya sabe cuáles son los contenidos falsos y engañosos que nos atacan. Todo lo que hace falta legislar es cómo eliminarlos por el bien de la democracia. Las discusiones acerca de la verdad son cosa de siglos pasados.
En las sociedades teocráticas, la verdad era revelada directamente por Dios a los profetas y escrita en libros santos interpretados por los sacerdotes. La Inquisición española introdujo la novedad de que el rey era el encargado de decidir qué sacerdotes interpretaban el libro y, de esa manera, el poder político podía dictar todavía más directamente la verdad revelada.
Costó muchos siglos de Ilustración y revoluciones destronar todo aquello y conseguir que el poder aceptase que todo lo que sabemos sobre las cosas se va construyendo poco a poco a base de discusión científica en debates, congresos y publicaciones. Costó mucho introducir una mínima separación de poderes que hiciera que el poder ejecutivo no pudiera ser a la vez juez y parte. Costó siglos conseguir que la libetad de expresión fuera considerada un derecho.
Pero la urgencia por controlar los ataques de desinformación, que comenzó en 2018 pero se ha visto enormemente amplificada por esta crisis sanitaria que se nos ha vendido como el triunfo de la ciencia más avanzada, han venido a barrer de un plumazo todos esos meticulosos métodos que la ciencia clásica había diseñado.
En la Estrategia del gobierno español se especifica que “Los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general juegan un papel esencial en la lucha contra la desinformación, con acciones como la identificación y no contribución a su difusión, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación “
Ese es todo el papel que se le da al mundo académico: debe ayudar al poder ejecutivo, que ya sabe lo que es verdadero y lo que es falso a que no se divulgue la desinformación. El poder ejecutivo no necesita que la Academia le eche una mano con sus conocimientos a distinguir si algo es verificablemente falso y engañoso, simplemente, se tiene que quedar callada y no difundir todos los contenidos que son señalados por el Consejo de Seguridad Nacional y, además, debe promover actividades de concienciación sobre todas esas cosas que le son dictadas.
Si esto no es el mayor ataque a los valores de la ciencia y la democracia que ha visto Europa en los últimos tres siglos no sé lo que es. El poder ejecutivo vuelve a decirle a la Academia qué es lo que tiene que divulgar, un poder ejecutivo, además, difuso, cuyas directrices no se sabe de dónde vienen y vinculado con instituciones militares.
Y lo peor de todo es que ahora no tenemos siquiera una Biblia donde esté escrita la verdad revelada ni sabemos quiénes son los inquisidores. Solo sabemos que, de repente, los tweets desaparecen de las redes sociales, los vídeos son retirados de YouTube y los científicos que Wikipedia nombraba como autoridades mundiales de la medicina empiezan a divulgar absurdas teorías conspiranoicas, por suerte, sabemos que son cosas estúpidas porque los verificadores de hechos nos avisan, amablemente, de que se equivocan.
Solo vemos que, casualmente los resultados de algunos artículos científicos sobre cuestiones importantísimas para la vida de las personas jamás aparecen en los grandes medios y, cuando se cuelan en alguno marginal, surge el verificador de hechos de turno a tranquilizarnos y decirnos que no creemos alarma social, que esos estudios son poco relevantes y no hay suficiente evidencia científica. Sorprendentemente, estos verificadores nunca encuentran que la información de las empresas farmacéuticas sea verificablemente falsa o engañosa porque se crea, presenta y divulga con fines lucrativos, cuando son, precisamente, quienes más intereses lucrativos tienen y a pesar de que las cifras que ellas mismas dan sobre sus productos bailan de arriba a abajo según pasan los meses como carruseles de feria.
No sé cómo hemos podido llegar hasta aquí, pero estamos volviendo, de cabeza, a tiempos de Fernando el Católico. Lo que no consigo entender es que las organizaciones sociales, los partidos políticos, la academia y tantas personas que lucharon en su día por la democracia no lleven un año debatiendo si este Procedimiento de Actuación contra la Desinformación es, simplemente, una nueva y sofisticada censura digital que atenta contra la poca democracia que nos quedaba.
Todo es mente, decían los místicos y tenían razón.
Una sociedad sin buena información es como un cuerpo sin sistema nervioso y sin sentidos: una masa amorfa que no sabe ni lo que le pasa ni lo que pasa a su alrededor. Un cuerpo inerte, que no puede moverse, que no puede actuar, inmovilizado como el ganado en una celda de cría.
Bienvenid@s al mundo de la desinformación. Que la censura os pille confesados.
– Habas contadas Read Morerl]